Alvedro es un aeropuerto sitiado. Cierto es que cuando comenzó a operar en 1963 apenas había población en su entorno, con pocos núcleos: Tarrío (capital de Culleredo), Liñares, Almeiras, Fontemaior, y el propio Alvedro. Pero en la cabecera norte, O Burgo aumentó espectacularmente los habitantes, y en menor medida en el resto de lugares citados. Ahora, AENA tendrá que afrontar un enorme gasto en la insonorización de viviendas, 256 casi pegadas a la pista, que no serán expropiadas, y otras tantas en el entorno.
Todas esas casas deben ser insonorizadas para reducir la huella sonora de más de 60 a 65 decibelios que ya soportan -y soportarán en el futuro tras la ampliación de la pista en 400 metros con aeronaves de mayor potencia- a los 40 decibelios de día y 30 de noche, que es lo que permite la ley. En suma, AENA tendría que pagar la sustitución de ventanas, puertas, tejados, fachadas u otros elementos que reduzcan el ruido, y ello costaría al menos 30 millones de euros, según los afectados.
Por eso la plataforma contra la ampliación de Alvedro sigue insistiendo que la faraónica obra, que se empezará a acometer en los próximos meses, ni tiene justificación económica ni ambiental y califican de auténtico despilfarro llevarla adelante por el capricho de algunos políticos.
Hay que recordar que para aumentar la plataforma del campo de vuelos en 400 metros, que en la parte final de la cabecera sur será un talud de 35 metros de altura, se precisará un movimiento de tierras de 4,5 millones de toneladas, y se precisarán otras 23.000 toneladas de hormigón asfáltico, costando todo ello 120 millones de euros, incluyendo las expropiaciones.
Por otra parte, la plataforma de afectados lamenta la falta de sensibilidad, por parte de AENA, por enviar las citaciones para el levantamiento de actas previo a la expropiación.
Pero considera que es más grave que, salvo la reseña del BOE de 5 de noviembre sobre el proyecto de ampliación, éste sigue sin estar a exposición pública cuando el día 12 de enero finaliza el plazo para presentar un recurso al mismo. Por ello, los afectados ya lo presentaron el pasado 28 de diciembre ante el TSXG, solicitando incluso la paralización del procedimiento, sobre lo que mantienen esperanzas.
Informacion y foto: Elcorreogallego.es
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