Mañana está previsto que en torno a un centenar de controladores empiecen a prestar declaración en los juzgados de Madrid, por un posible delito de sedición, penado con cárcel. Serán los primeros de una serie de procesos que deberán abordar las fiscalías de cada demarcación en las que hay terminales aéreas, lo que en Galicia supone el reparto de los asuntos entre Santiago, A Coruña y Vigo. Desde la Fiscalía de la Comunidad Autónoma explicaban ayer que, ya el propio viernes, el día en que todos los controladores abandonaron en masa sus puestos de trabajo, "se solicitó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado información sobre la incidencia de la huelga" y quienes la protagonizaban.
Este informe preliminar se distribuyó ayer "a las fiscalías de la comunidad correspondientes a las ciudades donde hay aeropuerto". Serán éstas las que "incoen las diligencias preprocesuales", evalúen cada caso y "llamen a declarar" a los imputados. Según pudo averiguar este diario, en el caso de la torre y el centro de control de Lavacolla, lejos de afectar a una parte importante de la plantilla, de 28 personas, las diligencias se les abrirían a apenas un par de controladores.
Denuncias de particulares. Al margen de las medidas que, de oficio o a instancia del Fiscal General del Estado, puedan tomar los fiscales gallegos, y a falta de confirmación oficial, al parecer habría varias denuncias de particulares presentadas en los juzgados por los perjuicios ocasionados durante la huelga salvaje del pasado viernes.
El tipo penal, para el que se fija prisión menor -de hasta seis años- en una ley de 1964, es aplicable a "los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo". La misma ley prevé "prisión mayor", que podría llegar a los doce años, "si el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación", y aplicable "al jefe de la sedición, en todo caso".
El portavoz de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, José Ramón Piñol, apuntaba ayer que al margen del "delito de sedición especial" contemplado en la Ley Penal Procesual de la Navegación Aérea, podría haber también un "delito de abandono de funciones públicas".
En la oficina del fiscal jefe del área de Santiago se recibió la diligencia a última hora de la mañana de ayer, y se están estudiando los pasos a dar. En caso de que los fiscales de Santiago, A Coruña y Vigo consideren conveniente llamarlos a declarar, los controladores acudirán en calidad de imputados, y no habrá orden de detención a menos que se negasen a acudir.
Cambio de postura. "Mentres non se privatice a empresa, isto vai continuar. O dos controladores era o colectivo máis complicado e, por iso, nos dan tanta caña", lamentaba ayer en declaraciones a este diario la portavoz de USCA en Galicia, Susana Romero. Admite que el desconcierto en el sector es cada vez mayor. "Non entendemos nada. A xestión é especialmente nefasta desde o pasado febreiro. É unha fuxida cara adiante... Enganan á xente e esquecen que nós somos traballadores", sentencia.
Romero alude a las órdenes contradictorias que sus compañeros de Lavacolla han recibido en los últimos días. AENA les remitía la semana pasada un burofax a cada uno de ellos con las horas laborales computadas y las que restaban para alcanzar el techo de las 1.670. Documento que negaba la tesis de los técnicos que alegaban haber sobrepasado el máximo permitido y, por contra, les marcaba más turnos. Ayer la postura del organismo había cambiado por completo. Vía burofax de nuevo, a un controlador adscrito a Compostela se le recortaban guardias y se le instaba a comprobar continuamente el tablón a fin de conocer sus horarios. "Isto é unha tomadura de pelo... Dalgún xeito están a darnos a razón", lamenta la portavoz.
Informacion: www.elcorreogallego.es
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