Aena lamentó ayer la decisión de huelga y afirmó que, aunque sea legal y constituya un derecho, “no beneficia a nadie y puede perjudicar de forma grave a la sociedad española en general”. El sector público de aeropuertos volvía así a invitar al diálogo y a reconsiderar la decisión de paro.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, afirmó ayer que cree injustificados los motivos de los controladores, pero matizó que mientras la huelga se desarrolle dentro de los márgenes legítimos, no ve la necesidad de movilizar a los controladores militares.
Asimismo, dijo que sigue dispuesto a “profundizar, acordar y dar respuesta” a algunas de las reivindicaciones de los controladores aéreos. También dio a entender que hará todo lo posible por que la huelga no sea un inconveniente excesivo para los que viajan esos días: “Vamos a garantizar el derecho de los ciudadanos a poder disfrutar de sus vacaciones”, o lo que es lo mismo, planea fijar unos servicios mínimos.
La decisión final sobre la fecha de la convocatoria la tomará la junta directiva de USCA, que se reunirá hoy para fijar las fechas de la huelga y su extensión. Con todo, este sindicato ha mostrado su temor a que Blanco establezca unos servicios mínimos abusivos.
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