Los afectados por las obras de Alvedro denuncian una “ampliación política” en beneficio “de nadie”

Los vecinos que no figuran en las expropiaciones lamentan la devaluación de sus fincas

Las opiniones coinciden entre los vecinos que figuran en la lista de expropiados por la ampliación de Alvedro: “Tomadura de pelo”, “ampliación política”, “búsqueda de votos”... También los términos que definen su estado de ánimo, que van desde “indignación” hasta “preocupación”, pasando por otra serie de insultos que la mayor parte piden que no figuren sobre el papel. El caso es que ninguno de los que serán expropiados quiere abandonar su casa. Pero lo curioso es que aquellos a quien no se ha incluido en el listado temen también por su futuro próximo. Denuncian que sus propiedades van a devaluarse viviendo tan cerca de una pista aérea y, a diferencia de sus vecinos, nadie va a compensarlos.

Los afectados por la ampliación de la pista de Alvedro están “hartos”. Cansados de que se juegue con sus vidas y de lo que aseguran no es una obra pensada para facilitar su existencia, sino para “buscar votos”. La mayor parte de los vecinos de Culleredo, que figuran en la lista de las 322 propiedades que serán expropiadas por el Ministerio de Fomento, se quejan de que ésta es una “ampliación política” y “no una obra que vaya a crear un beneficio real para nadie”.

Uno de los residentes en la zona lamentaba ayer que, tras haber peleado años por habitar la casa que perteneció a su difunta esposa, ahora tendrá que abandonarla “por cuatro duros”. A pesar de que aún desconoce las cantidades que la administración va a ofrecerle a cambio de su finca, califica la medida como “propia de sinvergüenzas”, que actúan “por capricho” y no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Después de más de 20 años viviendo en el lugar de Fontemaior, ahora, con casi 70, va a tener que marcharse por “una gracia de cuatro políticos y otros tantos empresarios”.

A tan sólo unos metros, José Rivero tiene su casa y justo debajo su taller –junto al inmueble está situado otro negocio, la empresa Grafoplas, también afectada–. No figura en las listas que aparecieron publicadas la pasada semana en el Boletín Oficial de Estado, pero sospecha que también “le tocará” a parte de su finca –“si no tendrían que pasar por encima”, apunta–. Ésta es la tercera ocasión que sufre una medida similar y asegura que tanto a él como a sus familiares les hacen un flaco favor con esta obra. Pide así “rigor” a los Ayuntamientos y a la administración en general y demanda un “auténtico plan director para Culleredo” ya que, según dice, este anuncio se ha llevado a cabo de manera precipitada y sin informar debidamente a los afectados.

 En la misma línea que los anteriores se expresa la portavoz de la plataforma de afectados Nélida Gómez, que desde la puerta de su domicilio recuerda cómo Fomento tiene pensado licitar esta ampliación sin que se haya aprobado aún el estudio medioambiental que depende de la Xunta. Precisamente, ese fue el análisis que hace menos de 15 días prometió Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, que estaría liso “en una semana”. Asegura que la situación entre sus vecinos no sólo es de “indignación” sino también de “preocupación”.

Pero la expropiación no supone sólo un problema para aquellos que aparecen en las listas como damnificados de forma directa. También los es para los que viven junto a las zonas afectadas, que mantienen la “incertidumbre” por lo que va a ocurrir con sus casas. A menos de diez metros de una de las fincas señaladas por Fomento, su propietario apuntaba que ojalá estuviese en el listado, ya que en su situación actual no sabe qué va a ser de su casa: “No tengo ni idea de cómo va a ser vivir al lado de una pista”. Se queja así de que, en caso de no quedar satisfecho por la proximidad diaria de los aviones, “no habría opción de vender”, debido a que el terreno “estaría devaluado”. Ésta es también la situación de Fina. Su domicilio está en un lado de la carretera en el que las expropiaciones no afectan. En la acera de enfrente del lugar de Fontemaior sí saben que recibirán dinero pero ella sospecha que la calidad de vida disminuirá cuando las aeronaves pasen “más cerca aún que ahora”.

Mañana se reunirá la plataforma de afectados –que engloba a los expropiados y también a los residentes en las viviendas contiguas– para comenzar a tomar medidas. Nélida Gómez, que calificó el proceso iniciado por AENA de “aberrante”, recordó que los que reivindican su derecho a conservar su casa representan a una amplia mayoría de los vecinos, que “no van a permitir” que ocurra.

Otro de los asuntos que inquieta a los residentes es el que denunció ayer José Riveiro. Al parecer, varios de los nombres que aparecen en el listado del BOE corresponden a personas fallecida “hace años”. A pesar de que en muchos casos se indica que la responsabilidad de gestionar la expropiación corresponde a los descendientes –figuran en el documento como “herederos de...”–, Riveiro se queja de que no es lógico que se les dé sólo un plazo de dos semanas para presentar alegaciones.

Sobre todo, las denuncias de los damnificados apuntan a una “flagrante” falta de información por parte tanto de los Ayuntamientos como del Gobierno central y el
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